¿Cómo analizar la importancia de un presupuesto público?

• A propósito de la discusión me parece interesante publicar este artículo que encontré hurgando por las páginas cibernéticas, para de alguna manera compartir esta información con mis lectores. ---- Julio Martinez
• Por Adolfo Martí Gutiérrez
• Los presupuestos públicos reflejan de manera fidedigna las prioridades económicas y sociales de un gobierno. Por tanto, su análisis, monitoreo y seguimiento por parte de la sociedad es fundamental para vigilar el cumplimiento de las metas explicitas de una política económica, o de los acuerdos internacionales, barrera contra la corrupción, y para defender los intereses y las necesidades de los sectores más vulnerables. Así, la importancia creciente de analizar presupuestos públicos se deriva una forma de utilizarlos como herramienta de avance en la construcción de espacios democráticos de participación en la toma de decisiones. La economía de hoy exige cada vez más la necesidad de analizar y hacer transparentes la evolución de los presupuestos públicos porque, tradicionalmente, habían estado aislados del debate y escrutinio sistemáticos. Un presupuesto público es el documento que mejor traduce las políticas y los compromisos gubernamentales pues implica decisiones que determinan cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados. Es la herramienta concreta mediante la cual el gobierno instrumenta planes de acción y programas que deben estar enfocados a hacerle frente a los grandes retos nacionales, desde el mantenimiento de finanzas públicas sanas, la provisión de servicios a la sociedad, el cumplimiento con estándares y compromisos internacionales y la solución a problemas endémicos, como el suministro de energía eléctrica y la lucha contra la pobreza. IMPORTANCIA Y RETOS El presupuesto público de la República Dominicana, como el de muchos otros países en circunstancias similares, enfrenta presiones y retos de gran magnitud. Los programas de ajuste estructural, la tendencia a la privatización y las limitaciones de la capacidad de gasto se han traducido en rigideces presupuestarias cuyo impacto se registra de manera más dura en la situación de los sectores más desprotegidos. Desde esta perspectiva, el análisis presupuestario por parte de investigadores y grupos ciudadanos interesados es fundamental para avanzar en la construcción de sociedades más abiertas, transparentes, democráticas y participativas. Esa transparencia no sólo abarca la reducción de los espacios de discrecionalidad y corrupción, sino que implica crear debates públicos y procesos democráticos de toma de decisiones respecto al manejo y la aplicación de los recursos. La tarea es compleja porque la mayoría de los presupuestos públicos están diseñados para ser "cajas negras", de las cuales no podemos tener injerencia. Con el principio del tercer milenio, la República Dominicana enfrenta grandes retos. A pesar de que los comicios están cada vez más libres de sospechas y crece la pluralidad en el gobierno, el país está inmerso en una transición empantanada a la democracia. Una de las características de este proceso ha sido la concentración en los temas políticos, cuyo estancamiento ha drenado recursos financieros, de tiempo y humanos que son indispensables para la resolución de los grandes retos nacionales. LA METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA Algunos analistas califican al presupuesto nacional como la herramienta económica más poderosa de cualquier gobierno, otros optan por llamarlo la expresión que refleja las prioridades del gobernante de turno, o simplemente como "la soga legal" que impone límites a los funcionarios públicos sobre el uso adecuado y transparente de los recursos públicos. El proyecto de ley debe ser enviado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional a más tardar el 16 de agosto de cada año, para ser aprobado, como tope, a mediados del mes de enero del siguiente año, según lo contempla la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público. Aunque el tema se pone de moda en los últimos tres meses del año cuando el Ejecutivo, el Legislativo y los diversos sectores sociales libran una batalla de sumas y restas por acomodar y aprobar un paquete de recursos limitados, la realidad es que el asunto va tomando forma desde los primeros meses del año en las oficinas de presupuesto de cada una de las instituciones y poderes del Estado, que reciben fondos del presupuesto del país. La formulación y elaboración del presupuesto anual inicia cuando cada institución manda a la Secretaria de Estado de Finanzas sus necesidades de recursos a más tardar en junio de cada año. Finanzas, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), asigna un techo de gastos globales en el presupuesto de la Nación, así como un techo para cada institución, tomando en cuenta varios indicadores económicos como la inflación, el deslizamiento del peso con respecto al dólar, y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Con todos estos elementos junto a los compromisos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los gastos recurrentes, es decir que se repiten cada año en cada presupuesto, y las asignaciones constitucionales, la Secretaría de Finanzas arma los techos presupuestarios. En base a esos parámetros, cada institución debe entonces reformar su propuesta presupuestaria, la que debe enviar nuevamente a Finanzas para su consolidación e inclusión final en el proyecto de Ley del Ingresos y Gastos Públicos. Al final la Presidencia de la República "es la que fija prioridades" presupuestarias. La política presupuestaria toma en cuenta cuatro grandes áreas: los ingresos esperados, los gastos, las inversiones a realizarse y la forma en que será financiado el déficit, que bien puede ser a través de préstamos y donaciones de la comunidad internacional. Se determinan los ingresos potenciales reales que el país tendrá en el año que se está presupuestando, para establecer en qué se va a gastar y cómo será financiado el déficit. Se asegura que no existe un porcentaje establecido que se deba asignar del Presupuesto Nacional para determinados sectores como salud y educación, a excepción de las asignaciones constitucionales. Sin embargo, se estima conveniente que el 50% del gasto total, sin incluir el pago destinado para honrar la deuda interna y externa, debe ser destinado a combatir la pobreza. PROGRAMACIÓN PARA 2005 El Consejo Nacional de Desarrollo aprobará un proyecto de presupuesto para el año 2005, ascendente a 160,152 millones de pesos, de los cuales el 52.8% corresponde a los gastos asignados a las Secretarías de Estado, el 15.0% se queda en la Presidencia, 14.8% al Tesoro nacional, 13.7% va a las asignaciones del servicio de la deuda pública, 2.4% agrega el Poder Judicial, la Junta Central y la Cámara de Cuentas y 1.5% al Congreso Nacional. El gobierno ha decidido esta vez realizar un cambio en la composición de las partidas presupuestarias dando mayor prioridad al gasto social. Para el proyecto 2005, las cinco dependencias que recibirían mayores asignaciones de recursos públicos, aparte de la Presidencia (14.97%), son Salud (10.82%), Educación (10.35%), Interior y Policía (8.39%), Fuerzas Armadas (4.89%) y Obras Públicas (4.06%). Eso ha podido lograrse, al recortar el gran peso que tradicionalmente han significado los recursos asignados a la Secretaría de Estado de Finanzas en el Presupuesto Nacional, de más de un 20% a apenas un 3.14% en 2004 y 3.47% en 2005. No obstante, otras dependencias que han logrado revertir sus tendencias decrecientes desde hace ya unos años, son las Secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente, Deportes, y la de Obras Públicas. Si bien se ha logrado destacar el creciente apoyo dado a las Secretarías de Estado de Educación y de Salud Pública con un monto cercano a los 34,000 millones de pesos, puede comprobarse que sus ponderaciones de 1.74 y 1.82% con respecto a la producción nacional esperada para el próximo año guardarían proporciones similares a las formuladas en años anteriores. El presupuesto de 2005 asciende a 206,758.4 millones, de los cuales 160,152 corresponden a ingresos internos y los restantes 46,606.4, provenientes de fuentes externas. Habría sin embargo que medir el impacto que ocasionará en el nuevo proyecto el 30% que será destinado a financiar el incremento del salario mínimo de los servidores públicos. Otro asunto relevante del nuevo presupuesto es lo que tiene que ver con el costo de la nómica pública y la programación o flujo de la deuda pública. El servicio de la deuda pública representa una carga de un 30% de los ingresos tributarios contemplados en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, mientras que 23,869 millones serán obligaciones de la Tesorería Nacional, de las cuales el 80.9% serán para subsidios y el 19.1% para fondos de pensiones y jubilaciones. Según indica el proyecto de presupuesto, para el pago de la deuda pública se tiene contemplado erogar 21,871 millones, monto superior a la tendencia de pagos de los últimos años, entre los cuales se contemplan compromisos de tres proyectos de emisión de bonos soberanos por 8,254.8 millones. Un presupuesto público responsable y transparente como el que se pretende establece límites que deben ser observados para las principales variables fiscales, creando mecanismos que puedan ofrecer condiciones para el cumplimiento de los objetivos y metas, como formas de corrección de eventuales desvíos. Este nuevo procedimiento establece penalidades para las administraciones fiscales, permitiendo aún que sean imputadas responsabilidades personales a sus administradores, todas las veces que sean desobedecidas las reglas y normas previstas. Entre las variables claves del control del régimen de gestión fiscal responsable se encuentran las que tienen que ver con el endeudamiento público, el gasto de largo plazo excedente, el aumento de los gastos con seguridad social y otras acciones de duración continuada, los topes al gasto de personal, y normas de crédito y administración financiera. Los límites de la deuda serán fijados tomándose por base la deuda consolidada de cada una de las dependencias o secretarías, incluyendo el comportamiento de los fondos de la Tesorería Nacional, manteniendo metas fijadas de acuerdo a la estimación de los ingresos tributarios. Estas restricciones o metas permitirán introducir nueva vez el concepto de "límite prudencial" que mantiene topes a ciertos niveles gubernamentales. Hoy (Suplemento Negocios)Lunes 13 de noviembre, 2004